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Las tasas contempladas en la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y siguientes han sido completamente abusivas, según Amigos de la Tierra La Rioja.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja denunciamos el coste de la información medio ambiental en La Rioja desde hace lustros, ante el Defensor del Pueblo. Desde nuestra asociación denunciamos que el coste por el acceso a la información en nuestra comunidad que incumple la normativa europea y nacional, y pedimos que el Gobierno de la Rioja, que cumpla estrictamente con el Convenio de Aarhus, y que derogue las disposiciones legales regionales que implantan dichas tasas.

Ahora con la recomendación del Defensor del Pueblo al Gobierno de La Rioja queda clarísimo que esta tasa es arbitraria y solo buscaba limitar el derecho de las ongs como Amigos de la Tierra La Rioja y a los ciudadanos a acceder a la información ambiental.

La recomendación del Defensor del Pueblo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente es la siguiente:

“Que se inicien los trámites de modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para adecuarla a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.

La Ley 27/2006, de 18 de junio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, publicada en el B.O.E. nº 171, de 19 de julio de 2006, permite el acceso y garantiza la difusión y puesta a disposición del público toda información de carácter ambiental, así como el conocimiento de las tasas se apliquen para la solicitud de dicha información. Dicha Ley desarrolla en nuestro país el derecho comunitario europeo derivado del Convenio de Aarhus, el cual surge de la necesidad de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como cumplir con la obligación de todos de conservarlo.

El Gobierno de La Rioja, en el marco de sus competencias, establece el precio de la tasa para acceder a información ambiental en 108,49 euros, quedando exentas de pago las ONG medioambientales que no superen un máximo de 6 solicitudes al año. Si una persona jurídica rioja en su afán por fiscalizar la actividad administrativa en materia ambiental solicita en un número mayor de seis, tiene que abonar dicha tasa. El resto de entidades y personas deben abonar esta tasa desde la primera solicitud. Esta disposición tiene como consecuencia o como fin único la limitación por parte de la ciudadanía y asociaciones de la sociedad civil, como la nuestra, al derecho a la información ambiental. Si comparamos con el resto de comunidades para las cuales hemos solicitado información (véase la Tabla 1), La Rioja decreto la tasa más alta de toda España, incluido para organizaciones, ya que en varias comunidades la solicitud de información por parte de ONG es completamente gratuita.

Esperamos que el Gobierno de La Rioja cumpla lo dispuesto en la disposición adicional primera de la “Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente” para que podamos realizar nuestra labor de una forma eficaz.

8 de agosto de 2025

Desde Amigos de la Tierra La Rioja hemos recibido con satisfacción la confirmación de que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja que presentamos contra el Ayuntamiento de Ezcaray por negarse a facilitarnos información ambiental de interés público. Esta decisión supone un avance importante en la apertura del proceso y recuerda la necesidad de contar con instituciones abiertas, transparentes y garantes de los derechos de participación ciudadana. Tal y como nos ha trasladado la oficina del Defensor del Pueblo, nuestra denuncia cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/1981, que regula esta institución. A partir de ahora, se iniciarán las diligencias correspondientes con el Ayuntamiento de Ezcaray, y se nos informará del contenido de las respuestas que se obtengan y de los pasos que se sigan.

Consideramos que este proceso pone en evidencia la importancia de que los poderes públicos rindan cuentas ante la ciudadanía, especialmente cuando se trata de organizaciones sociales que trabajamos por la defensa del bien común y la protección del entorno. Acceder a la información ambiental no solo es un derecho recogido en nuestra norma o en acuerdos internacionales, sino también una condición imprescindible para garantizar una democracia sana y participativa. Cada vez que se niega el acceso a la información ambiental disponible consideramos que se puede estar atentando a los principios de transparencia, eficacia y buen gobierno.

Nuestra denuncia nace del silencio reiterado del Ayuntamiento de Ezcaray, que se negó a facilitarnos la información relativa a la instalación de una vía ferrata en la Peña San Torcuato. Desde el primer momento consideramos que este proyecto podía suponer una amenaza para el desarrollo sostenible del entorno y para la conservación de diferentes especies presentes en la Peña San Torcuato. Solicitamos acceso a la documentación técnica y ambiental relacionada con la actuación, pero el Ayuntamiento optó por ocultar esa información, vulnerando así nuestro derecho (y el de toda la ciudadanía) a conocer, opinar y participar en decisiones que afectan directamente al patrimonio natural común.

Para nosotras y nosotros, que el Defensor del Pueblo tome en serio esta situación es un paso esperanzador. Significa que las instituciones pueden y deben responder cuando se vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información pública. No podemos normalizar el silencio administrativo ni la falta de respuesta: son formas de desprecio hacia el interés colectivo y hacia las personas que conformamos la sociedad civil.

Reafirmamos nuestro compromiso con la vigilancia institucional y el respeto por los derechos democráticos. Seguiremos exigiendo transparencia, responsabilidad pública y respeto al medio ambiente, tanto en Ezcaray como en el resto del territorio riojano.

26 de julio de 2025

 

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en respuesta a la inoperancia del Ayuntamiento de Ezcaray, que ha ignorado reiteradamente nuestras solicitudes para ser reconocidos como parte interesada en el expediente administrativo de la vía ferrata prevista en la parcela 1581 del polígono 3 de Ezcaray.

El pasado 13 de marzo de 2025, presentamos un escrito formal solicitando, en primer lugar, que se nos considerara como interesados en el procedimiento administrativo, un derecho reconocido por la Ley 39/2015 para las organizaciones que defienden intereses colectivos. En segundo lugar, pedimos acceso a una copia digital completa del expediente, una medida básica de transparencia que permite a la ciudadanía y a las entidades sociales ejercer un control democrático sobre las actuaciones públicas.

Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento de Ezcaray ha sido el silencio. Esta actitud no solo vulnera la legalidad vigente, sino que supone un grave menoscabo a la participación ciudadana y a la calidad democrática de las decisiones que afectan a nuestro entorno. Desde Amigos de la Tierra La Rioja, con una larga trayectoria en la defensa del medio ambiente y la construcción de identidad comunitaria en torno a nuestro patrimonio natural, consideramos inaceptable que se nos excluya de un proceso en el que tenemos tanto derecho a participar como legitimidad para hacerlo.

Ante esta situación, no nos ha quedado más remedio que recurrir al Defensor del Pueblo para que inste al Ayuntamiento a cumplir con sus obligaciones legales. Exigimos que se nos facilite toda la documentación solicitada y que se nos reconozca como parte interesada en este expediente. No se trata de obstaculizar el desarrollo del proyecto, sino de garantizar que todas las actuaciones cuenten con la máxima transparencia y que la ciudadanía pueda participar de manera informada en las decisiones que afectan a su territorio.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones públicas. La democracia no puede construirse desde el secretismo y la exclusión de los actores sociales. Por ello, invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a todas las organizaciones comprometidas con la transparencia y la participación a mantenerse al tanto de esta situación y hacerse eco. Desde Amigos de la Tierra La Rioja no entendemos cómo una institución pública puede negarse a garantizar el derecho fundamental a la información y la participación en un proyecto que afecta al territorio y al medio ambiente.

Logroño, a 24 de abril de 2025.