La modificación de la directriz busca prohibir la instalación de parques eólicos y solares en la figura denominada como “Espacios Agrarios”, caracterizada por terrenos de alta productividad agrícola y por la presencia de viñedos. Si bien esto puede ser positivo para proteger el paisaje de estas zonas, también puede ser el momento para proteger otras áreas que no cuentan con una suficiente protección desde el punto de vista de la ordenación del territorio.

 

Actualmente en los espacios denominados como “Sierras de Interés Singular” se pueden instalar parques eólicos y de hecho ya se instalaron en la Hez y el Yerga. Dado que existen otras como Obarenes-Sierra de Cantabria o Moncalvillo donde no existen sería razonable prohibir nuevas instalaciones en estas áreas de ordenación.

 

Asimismo, consideramos sumamente importante dotar de protección a otras zonas como:

 

  • Las huertas de Rincón de Soto comprendidas entre la N 232 y el Ebro. Se trata del corazón de la DOP Peras de Rincón de Soto y es un espacio de altísimo valor agrario.

 

  • Las huertas del Ebro y del Alhama en Alfaro.

 

  • La AMPLIACIÓN del Área Natural Singular de Cofín. Se trataría de proteger hasta 1200 hectáreas de zonas esteparias de Alfaro y no solo el espacio lacustre.

 

Consideramos que es el momento adecuado para introducir estos cambios en la Directriz y tener un instrumento que realmente proteja estas zonas, no solo de instalaciones energéticas si no de más proyectos impactantes para el territorio.

 

En Logroño, 28 de septiembre de 2022

Medio ambiente destinará 60.000 euros para subvencionar la corrección de los tendidos eléctricos a empresas eléctricas

La mortalidad de aves por colisión y electrocución con tendidos eléctricos es un problema ambiental de primer orden y en particular constituye el factor de amenaza más relevante para la conservación de nuestras aves rapaces. En España más de 5 millones de aves mueren anualmente como consecuencia de la electrocución, de las que no menos de 33.000 son rapaces, protegidas por la legislación nacional e internacional. Por tanto, solo en La Rioja podrían perecer más de 50.000 aves anualmente por dicho motivo.

Este elevado daño que producimos a la fauna salvaje mediante las electrocuciones hace que este gravísimo problema ambiente pase por la agenda política y por los programas de las Administraciones competentes.

El marco de regulación nacional es el Real Decreto 1432/2008, que establece las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En cambio, el marco normativo de referencia regional en estas cuestiones está obsoleto, muestra una falta de actualización con respecto a la norma nacional y europea, ya que se remonta a 1998 (Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con el objeto de proteger la avifauna). No obstante, además del marco nacional de referencia, otras leyes estatales inciden en la necesidad de garantizar la conservación de las especies amenazadas y establecen claras obligaciones legales de prevención y evitación de daños medioambientales por el riesgo de electrocución de fauna, tales como la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la Ley 21/1992, de Industria, y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

El cumplimiento de estas obligaciones de prevención y evitación de daños ambientales ha de ser asumido expresa y legalmente por quienes generen esas actividades de riesgo, lo cual emana de la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad Medioambiental, traspuesta mediante la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Eso significa que la obligación de asumir y reparar los costes ambientales corresponde al operador económico y profesional que lleve a cabo la actividad, no a la administración. Es cierto que las administraciones no pueden permanecer pasivas ni omitir, por competencia legal, sus responsabilidades en el requerimiento y/o subsanación de este problema de protección de la avifauna, pero lo han de hacer exigiendo a los titulares de las líneas eléctricas, en definitiva, a las compañías eléctricas.

En los presupuestos generales de La Rioja se viene apoyando mediante convenios a partes iguales a las empresas eléctricas para que corrijan los tendidos eléctricos. En el pasado ejercicio 2021 fue con 59.987,00 euros mientras que en los presupuestos correspondientes al 2022 asciende a 50.000 euros. En el caso del convenio firmado el pasado año entre la empresa Iberdrola y el Gobierno de La Rioja ambos aportaron la misma cantidad, 59.987,00 euros. Ahora la formula que ha sido realizar una convocatoria de subvenciones con un presupuesto de 60.000 euros.

Amigos de la Tierra de La Rioja consideramos que resulta difícil explicar a la ciudadanía que el Gobierno de La Rioja, en un contexto con precios energéticos infraccionados, en un territorio en el que el 15,1% de los hogares tiene una situación de pobreza energética, siendo la 4º comunidad autónoma española con esa mayor tasa, invierta recursos públicos en convenios con empresas eléctricas para la responsabilidad de acciones que corresponde inequívocamente a dichas empresas.

Desde Amigos de la Tierra de La Rioja exigimos que se actualice el marco normativo regional en consonancia con los preceptos nacionales, con el objeto de que se corrijan todas las líneas eléctricas que ocasionan problemas a las aves, pero además nos preguntamos:

  1. ¿Por qué el Gobierno de la Rioja realiza una inversión pública, y no exige a los operadores eléctricos privados el cumplimiento de la legislación, obligando a dichos operadores a corregir los tendidos eléctricos, como les demanda la legislación nacional?
  2. Si los beneficios de una explotación son privados: ¿los perjuicios (reparar y corregir los daños ambientales) han de ser sufragados con dinero público?

Desde nuestro punto de vista, no consideramos ni ético, ni razonable, ni legal, que con dinero público se deban corregir parcialmente las líneas eléctricas operadas por empresas privadas. Algunas de esas empresas, que además se autopublicitan como “verdes “, omiten sus responsabilidad ambientales y legales, y el Gobierno de la Rioja, en vez de exigir las responsabilidades y la inversión para paliar y corregir los problemas, realiza una convocatoria de subvenciones y además con inversiones ridículas que difícilmente resuelven el problema a corto plazo.

En Logroño, 16 de septiembre de 2022

El Convenio de Aarhus que tiene por objeto facilitar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, a las personas físicas y jurídicas. Dicho Convenio fue adoptado en la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa” celebrada en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 y fue ratificado por España el 15 de diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de marzo de 2005.

En la 7ª Sesión de la Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus (Ginebra, 18-21 de octubre de 2021), se adoptó la Decisión VII/8p, relativa al cumplimiento por España de sus obligaciones con relación al Convenio, donde se recogen dos casos de incumplimiento por nuestro país de las mencionadas obligaciones. El primer caso de incumplimiento curiosamente se refiere a garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita para las ONG medioambientales. En cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión, se ha elaborado un plan de acción y recientemente se ha sometido a información pública. En el marco de ese proceso, Amigos de la Tierra La Rioja ha puesto en conocimiento del Gobierno Central que el Gobierno riojano incumple dicho Convenio Internacional, porque realiza una evaluación limitante y restrictiva de los derechos ciudadanos estableciendo una tasa económica que limita y condiciona sobremanera el acceso a la información ambiental, lo cual, podría ser una interpretación presuntamente ilegal de dicho derecho y de un convenio internacional.

En ese escrito, pedimos al Ejecutivo Central, que tome cartas en el asunto y que obligue al Gobierno de La Rioja a cumplir con ese Convenio Internacional, restaurando los derechos de la ciudadanía cercenados por el gabinete de Concha Andreu, y también a que obligue a suprimir dicha tasa con la mayor inmediatez posible.

En Logroño, 8 de junio de 2022

El Gobierno de La Rioja es incapaz de adoptar medidas para revertir la pérdida de biodiversidad en nuestra región. Los planes de recuperación de las aves esteparias de la Rioja no son un instrumento eficiente por la incompetencia del Gobierno de la Rioja que hace prevalecer las actividades agrarias y especulativas de tipo energético, que son de interés privado, frente a la conservación de la biodiversidad, que es de interés general.

El sisón (Tetrax tetrax) es un ave propia de secanos cerealistas y pastizales, y su presencia y abundancia está estrechamente relacionada con la presencia de barbechos y otros tipos de vegetación herbácea semipermanente, en los cuales se dan prácticas agrícolas o ganaderas poco intensificadas.

El Gobierno autonómico, a preguntas del vocal de Amigos de la Tierra La Rioja en la última sesión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, sostuvo que el Sisón se había extinguido porque había una tendencia descendente en el conjunto del valle del Ebro. Estas afirmaciones para uno de los máximos responsables de preservar el medio ambiente constituyen un pretexto de extraordinaria gravedad porque el Gobierno de La Rioja, que tiene competencias propias, no ha efectuado acciones sustanciales para la conservación y restauración de los hábitats donde vive o puede vivir el sisón común.

Según el último Atlas de las aves en época de reproducción en España elaborado para el Ministerio por SEO BirdLife, La Rioja aún cuenta con hábitats favorables para la especie en cuatro cuadrículas UTM 10 km de lado (400 km2). Dichos hábitats en vez de ser estrictamente protegidos son sometidos a especulación energética para la instalación de industrias energéticas.

Amigos de la Tierra La Rioja considera que el Gobierno de La Rioja ha sido incapaz de proteger esta especie y otras aves ligadas a medios esteparios, cuyas poblaciones se encuentran cada día más reducidas. Esto esta sucediendo porque la protección de estas especies solo se realiza sobre el papel, mediante normativas como el Decreto 55/2014 y el correspondiente plan de gestión de las aves esteparias de La Rioja, pero que en la realidad son estériles porque no se aplican. De facto, las declaraciones de José Luis Rubio, Director General de Biodiversidad, suponen el incumplimiento del plan de gestión de aves esteparias de dicho Decreto (Anexo 5, artículo 2.2. y de los cuatro objetivos explícitos de dicho plan de gestión que figuran en el artículo 2.3.), y lo hace sin ruborizarse y sin que haya depuración de responsabilidades internas por la falta de resultados. Además, se ha demostrado que los objetivos resultan completamente insuficientes, a la luz de los hechos que el propio Director General reconoce.

Como todos sabemos la agricultura de secano ha sufrido una fuerte intensificación, no solo en La Rioja sino en el resto de España. A esto tenemos que sumar las transformaciones en regadío, pero sobre todo las plantaciones de viñedo. Es decir, el sisón común (Tetrax tetrax) junto con otras aves esteparias como la Ganga ortega (Pterocles orientalis), la Ganga ibérica (Pterocles alchata), el alcaraván (Burhinus oedicnemus) y el cernícalo primilla (Falco naumanni) están desapareciendo porque desaparece su hábitat, que la administración riojana es incapaz de proteger.

Ante este panorama, solicitamos al Gobierno de la Rioja varias acciones:

1-Asunción y depuración de responsabilidades internas en la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica del señor Dorado por su ineficacia.

2-La actualización y revisión del Decreto 55/2014, puesto que las tres áreas críticas de aplicación sobre aves esteparias apenas cuentan con 71,2 km2 en toda la Rioja, lo cual es una extensión insuficiente. Por ello proponemos la inclusión de más territorio dentro del ámbito de aplicación. En ese sentido, nuestra entidad ha propuesto que el paraje estepario de Cofín (Alfaro) con más de 1.000 hectáreas (10 km2) pase a estar incluido en la Red Natura 2000. Tampoco debemos de olvidarnos de la necesaria ampliación de áreas esteparias de Murillo de Río Leza y el Villar de Arnedo, donde hay que tomar medidas urgentes. Es una medida imprescindible para recuperar las aves esteparias. En todos los casos hay que garantizar una agricultura de secano, que no emplee fitosanitarios, ni semillas con herbicidas, que respete los setos existentes entre parcelas.

3-Prohibición explícita de la instalación y explotación de centrales eólicas y solares en todo el ámbito de presencia potencial del sisón común en la Rioja.

En Logroño, 8 de abril de 2022.

Estimado Sr. Alcalde de Alfaro,

La semana pasada en las obras de ejecución de un colector de aguas residuales en la Avenida de la Vía de Alfaro, se han talado más de una docena de Pinos (Pinus halepensis). Se trata de arbolado con más de 30 ó 40 años de edad que contribuían a mejorar nuestra ciudad.

Somos testigos en pleno siglo XXI de situaciones como ésta en la que se ejecutan obras sin tener en cuenta el medio ambiente. Nos resulta completamente inconcebible que no se haya respetado este arbolado y que, seguramente, ni siquiera se hayan buscado otras alternativas.

Creemos que nuestra ciudad debe evitar la tala de arbolado urbano porque siempre existen otras opciones. El arbolado en Alfaro además de proporcionar sombra, haciendo más llevaderas las temperaturas veraniegas cada vez más intensas, proporciona refugio a la fauna y embellece la ciudad. No debe ser algo prescindible como lo ha sido en este caso. Es un patrimonio de todos nosotros que ha de ser conservado.

Le pedimos que como mínimo recupere el arbolado en esta calle de Alfaro con arbolado de similares características. Tendrán que pasar años hasta que se consigan ejemplares del mismo porte que el que alegremente se ha eliminado. Al igual que en los proyectos de construcción se contempla seguridad y salud o la gestión de residuos, le recomendamos que también incluyan aspectos ambientales para evitar daños al medio ambiente o contemplar medidas compensatorias como indicamos en esta carta.

Alfaro, 31 de marzo de 2022

Dentro de un nuevo proyecto de custodia del territorio que se desarrolla actualmente en Baños de Río Tobía, la asociación ecologista Amigos de la Tierra de La Rioja organiza el próximo día 6 de Marzo de 2022 a las 10 h una jornada de voluntariado para colaborar en la plantación de unas 200 plantas de coscojas (Quercus coccifera), un arbusto natural propio de formaciones forestales mediterráneas, en el término municipal de dicha localidad.

El municipio riojano de Baños de Río Tobía, se encuentra en una zona de transición biogeográfica en las estribaciones del Sistema Ibérico y del valle del Ebro, atesora una notable variedad de ambientes y biotopos, lo cual le confiere una biodiversidad aún elevada. Pero no está exento de terrenos degradados por las actividades humanas.

Para luchar por la recuperación de alguno de sus entornos, la ONG riojana desarrollará una acción de reforestación un terreno municipal cedido por el Ayuntamiento. Esta recuperación forestal tendrá lugar en un paraje de la vega del rio Najerilla, sito en el Camino de Bañuelas, junto a una ilustre bodega de dicha localidad riojana, al noreste del núcleo urbano. Esta campaña de reforestación está abierta a la participación de cualquier ciudadano.

Mediante esta acción, los organizadores quieren involucrar a los ciudadanos en la necesidad de recuperar e incrementar la superficie forestal para luchar contra el cambio global en un escenario de crisis global de la biodiversidad. Además, este trabajo tiene como fin contribuir con un pequeño granito de arena a la recuperación de la biodiversidad, con frecuencia perdida por dichas actividades humanas (agrícolas, ganaderas e industriales). Con la ayuda del voluntariado se acerca el medio natural a la sociedad, concienciando sobre la importancia la conservación y restauración del patrimonio natural

La asociación conservacionista riojana, cuenta para este proyecto con la colaboración con el Ayuntamiento de Baños de Río Tobía, la Dirección General de Biodiversidad y el Fondo Social Europeo. Este proyecto está siendo llevado a cabo gracias a los fondos para contratación de mayores de 30 años, mediante los cuales se ha contratado un Diplomado en Ciencias Ambientales. En concreto, gracias a una «subvención para la contratación de trabajadores desempleados mayores de 30 años, beneficiarios del SNGJ, para la realización de obras y servicios de interés general y social».

En el marco de dichas actividades de custodia, el pasado mes de febrero también se realizó una ruta medioambiental guiada por especialistas de la asociación en la interpretación del paisaje y de la fauna por uno de los enclaves más privilegiados del municipio de Baños de Río Tobía.

En Baños de Río Tobía, 3 de marzo de 2022.

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 La mortalidad de aves por colisión y electrocución con tendidos eléctricos es un problema ambiental de primer orden y en particular constituye el factor de amenaza más relevante para la conservación de nuestras aves rapaces. En España más de 5 millones de aves mueren anualmente como consecuencia de la electrocución, de las que no menos de 33.000 son rapaces, protegidas por la legislación nacional e internacional. Por tanto, solo en La Rioja podrían perecer más de 50.000 aves anualmente por dicho motivo.

Este elevado daño que producimos a la fauna salvaje mediante las electrocuciones hace que este gravísimo problema ambiente pase por la agenda política y por los programas de las Administraciones competentes.

El marco de regulación nacional es el Real Decreto 1432/2008, que establece las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En cambio, el marco normativo de referencia regional en estas cuestiones está obsoleto, muestra una falta de actualización con respecto a la norma nacional y europea, ya que se remonta a 1998 (Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con el objeto de proteger la avifauna). No obstante, además del marco nacional de referencia, otras leyes estatales inciden en la necesidad de garantizar la conservación de las especies amenazadas y establecen claras obligaciones legales de prevención y evitación de daños medioambientales por el riesgo de electrocución de fauna, tales como la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la Ley 21/1992, de Industria, y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

El cumplimiento de estas obligaciones de prevención y evitación de daños ambientales ha de ser asumido expresa y legalmente por quienes generen esas actividades de riesgo, lo cual emana de la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad Medioambiental, traspuesta mediante la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Eso significa que la obligación de asumir y reparar los costes ambientales corresponde al operador económico y profesional que lleve a cabo la actividad, no a la administración. Es cierto que las administraciones no pueden permanecer pasivas ni omitir, por competencia legal, sus responsabilidades en el requerimiento y/o subsanación de este problema de protección de la avifauna, pero lo han de hacer exigiendo a los titulares de las líneas eléctricas, en definitiva, a las compañías eléctricas, como Iberdrola.

En los presupuestos generales de La Rioja se viene apoyando mediante convenios a partes iguales a las empresas eléctricas para que corrijan los tendidos eléctricos. En el pasado ejercicio 2021 fue con 59.987,00 euros mientras que en los presupuestos correspondientes al 2022 asciende a 50.000 euros. En el caso del convenio firmado el pasado año entre la empresa Iberdrola y el Gobierno de La Rioja ambos aportaron la misma cantidad, 59.987,00 euros.

Amigos de la Tierra de La Rioja consideramos que resulta difícil explicar a la ciudadanía que el Gobierno de La Rioja, en un contexto con precios energéticos infraccionados, en un territorio en el que el 15,1% de los hogares tiene una situación de pobreza energética, siendo la 4º comunidad autónoma española con esa mayor tasa, invierta recursos públicos en convenios con empresas eléctricas para la responsabilidad de acciones que corresponde inequívocamente a dichas empresas.

Desde Amigos de la Tierra de La Rioja exigimos que se actualice el marco normativo regional en consonancia con los preceptos nacionales, con el objeto de que se corrijan todas las líneas eléctricas que ocasionan problemas a las aves, pero además nos preguntamos:

¿Con 120.000 € anuales, de los que el 50% son a cargo del erario público, se soluciona un problema ambiental tan grave?

¿Por qué el Gobierno de la Rioja realiza una inversión pública, y no exige a los operadores eléctricos privados el cumplimiento de la legislación, obligando a dichos operadores a corregir los tendidos eléctricos, como les demanda la legislación nacional?

Si los beneficios de una explotación son privados: ¿los perjuicios (reparar y corregir los daños ambientales) han de ser sufragados con dinero público?

Desde nuestro punto de vista, no consideramos ni ético, ni razonable, ni legal, que con dinero público se deban corregir parcialmente las líneas eléctricas operadas por empresas privadas. Algunas de esas empresas, que además se autopublicitan como “verdes “, omiten sus responsabilidad ambientales y legales, y el Gobierno de la Rioja, en vez de exigir las responsabilidades y la inversión para paliar y corregir los problemas, firma convenios con ellas, sufragados al 50% con dinero público y además con inversiones ridículas que difícilmente resuelven el problema a corto plazo.

En Logroño, 20 de enero de 2022

Nuestro entorno más cercano existen pequeños espacios naturales que se desconocen. En Varea tenemos el Soto de La Sabuquera así como el Soto de Los Americanos, ambos fueron declarados como Lugares de Interés Comunitario (LIC). En esta excursión te proponemos conocer estos espacios naturales. Creemos que es una forma atractiva y sencilla de conocer la biodiversidad de nuestra tierra.

Día y hora: domingo, 20 de octubre a las 20 horas

Salida: Fuente del Ayuntamiento de Logroño

Regreso: 13 horas a m

Tarda una media de 16 años en aprobar un plan de recuperación de especies amenazadas

En España, el marco nacional de protección de la biodiversidad está regulado por la Ley 42/2007, la cual crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas. Este listado fue aprobado por el Real Decreto 139/2011, el cual incluye a todas las especies protegidas en nuestro país. Dentro de ese RD 139/2011, existen más de 100 especies de vertebrados terrestres protegidos y catalogados como amenazados por su probabilidad de extinción, de los cuales, al menos 22 taxones, están presentes en la comunidad autónoma de La Rioja. La normativa general española exige a las autonomías aprobar para todas las especies catalogadas un plan de conservación y/o recuperación en unos plazos máximos de 3 a 5 años, según la categoría de protección.

Fotografía de David Fernández Altuzarra. Visón europeo en cautividad en el Zoo de Madrid

Fotografía de David Fernández Altuzarra. Visón europeo en cautividad en el Zoo de Madrid

Un artículo reciente publicado en la revista científica internacional Journal for Nature Conservation (1) realiza una revisión profunda sobre el grado de cumplimiento de esas exigencias legales nacionales por cada comunidad autónoma. Y los datos que ofrece dicho estudio científico para La Rioja son desoladores y contundentes.

  • La comunidad autónoma de La Rioja tiene a 8 (37%) de las 22 especies catalogadas nacionalmente y presentes en su ámbito administrativo, sin un plan de conservación y/o recuperación aprobado. El grupo de las aves y los anfibios es el peor considerado en ese aspecto.
  • El promedio de tiempo desde que una especie catalogada como amenazada de extinción hasta que se aprueba el necesario y obligado plan de recuperación es de 16 años (la media nacional es de 9 años), lo que sitúa a nuestra Comunidad en el cuarto peor puesto del ranking de las 15 regiones españolas consideradas en el estudio en lo que a tardanza se refiere.
  • La media de tiempo desde que una especie catalogada como vulnerable hasta que el ejecutivo regional aprueba el necesario y obligado plan de conservación es de 16 años (la media nacional es de 10 años), lo que sitúa a nuestra Comunidad en el sexto peor puesto del ranking de las 15 regiones españolas consideradas en el estudio en lo que a tardanza se refiere.

Sorprenden estos datos teniendo en cuenta que La Rioja dispone de fondos económicos para sustentar políticas de conservación activas, es la sexta región en términos de mayor renta per cápita (€) (2018) y que sus ciudadanos ocupan también el sexto lugar entre los más preocupados por la situación del medio ambiente (76,5% de los encuestados; por encima de la media española, según el INE 2008).

Desde Amigos de la Tierra La Rioja instamos a que el Gobierno de la Rioja sea responsable, cumpla con sus obligaciones legales en materia de protección de biodiversidad, y que ponga fin a esos bochornosos datos, aprobando en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) todos los planes de recuperación de las especies amenazadas pendientes a lo que está obligado por el marco vigente.