Desde Amigos de la Tierra La Rioja vemos como Gobierno de La Rioja quiere contentar a muchos sectores como el ganadero intensivo, el extensivo y a los cazadores, pero todo al mismo tiempo es imposible.
Esta administración tiene como máxima preocupación que se lleve la caza del lobo de forma inmediata. Espera contentar a ganaderos extensivos que no adoptan medidas preventivas para evitar ataques de lobo, cuando su obligación es cuidar de su ganado. Los ganaderos tienen la obligación legal (establecida por el artículo 3 y apartado 6 del Anexo del Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, que transpone la Directiva 98/58/CE, del Consejo de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas) de aplicar las medidas necesarias para la protección del ganado mantenido al aire libre contra los depredadores.
La falta de depredadores ha provocado que exista una importante población de ungulados, como los jabalíes. Ahora no se puede culpabilizar a los jabalíes sobre la extensión de la peste porcina africana. Parece ser que se quiere aplicar el dicho “muerto el perro, se acabó con la rabia”. El problema radica en la reducida población que tenemos de depredadores, entre ellos los lobos. Un medio natural sano precisa de depredadores, la caza nunca podrá sustituirlos.
Amigos de la Tierra La Rioja reclama al Gobierno de La Rioja que deje de emplear la caza como instrumento de gestión del medio natural. Lo que necesita nuestro medio ambiente es la autorregulación con la protección de los depredadores como el lobo, y la reintroducción del lince y del oso pardo a sus antiguos dominios históricos recientes, como el sistema ibérico riojano. Por favor, sean coherentes con lo que necesita nuestro medio ambiente y sociedad.
En Logroño, 3 de diciembre de 2025.
La resolución del último procedimiento sancionador, recientemente publicada, mantiene la
La superficie ocupada por el Casco Urbano de Manjarrés es de 135148 m2, medición realizada con la herramienta del catastro, mientras la actividad industrial propuesta alcanzaría los 288.759 m2. Un desarrollo como el propuesto en la presente localidad, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, agrario… No es razonable condicionar el futuro de Manjarrés de esta forma, dado que hará inviable la instalación de otras actividades.
La Ley 27/2006, de 18 de junio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, publicada en el B.O.E. nº 171, de 19 de julio de 2006, permite el acceso y garantiza la difusión y puesta a disposición del público toda información de carácter ambiental, así como el conocimiento de las tasas se apliquen para la solicitud de dicha información. Dicha Ley desarrolla en nuestro país el derecho comunitario europeo derivado del Convenio de Aarhus, el cual surge de la necesidad de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como cumplir con la obligación de todos de conservarlo.
Consideramos que este proceso pone en evidencia la importancia de que los poderes públicos rindan cuentas ante la ciudadanía, especialmente cuando se trata de organizaciones sociales que trabajamos por la defensa del bien común y la protección del entorno. Acceder a la información ambiental no solo es un derecho recogido en nuestra norma o en acuerdos internacionales, sino también una condición imprescindible para garantizar una democracia sana y participativa. Cada vez que se niega el acceso a la información ambiental disponible consideramos que se puede estar atentando a los principios de transparencia, eficacia y buen gobierno.
