Amigos de la Tierra La Rioja reafirma su compromiso con la demolición de la presa de La Retorna, una medida respaldada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y sustentada en resoluciones previas del Tribunal Supremo en casos similares. La eliminación de esta infraestructura obsoleta representa un paso esencial para la restauración de los ecosistemas fluviales y la eliminación de un coste financiero injustificado que, en caso de no ser asumido por la empresa explotadora, recaería sobre el erario público.
Ante las recientes declaraciones del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, en las que califica la demolición como un «atentado contra el paisaje», desde esta asociación queremos recordar que la demolición de la presa de La Retorna no solo responde a criterios judiciales firmes y consolidados, sino también a principios ecológicos incuestionables. Resulta profundamente irresponsable y preocupante que un representante público utilice su posición institucional para desacreditar decisiones avaladas por la justicia y la ciencia, sin aportar argumentos técnicos ni medioambientales, y sin considerar los daños que este tipo de infraestructuras causan al medio natural.
Recientemente, la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad han presentado alegaciones en contra de la demolición, basadas en argumentos erróneos sobre el impacto medioambiental. Se ha intentado argumentar que la presa, por su prolongada presencia, ha dado lugar a un «ecosistema consolidado». Sin embargo, esto no es cierto: una alteración tan drástica como la fragmentación de un cauce fluvial impide el paso de sedimentos, limita el desplazamiento de especies y compromete el equilibrio ecológico del río. Mientras estas condiciones persistan, el ecosistema no puede considerarse estable ni funcional.
Asimismo, es importante desmentir la idea de que las presas ofrecen adaptabilidad frente a eventos climáticos extremos. La verdadera protección ante estos fenómenos reside en una planificación urbana adecuada y en el respeto de los márgenes fluviales, incluyendo la zona de servidumbre y la zona de policía, que garantizan la natural regulación de los cauces y la mitigación de inundaciones.
También es fundamental recordar que la responsabilidad económica de la demolición corresponde a la empresa que explotó la presa durante 75 años. Las instalaciones requieren una inversión considerable para su adecuación, y en caso de no ser demolidas en la actualidad, su mantenimiento y posterior eliminación podría convertirse en una carga económica para la ciudadanía en el futuro.
En este sentido, desde la asociación denunciamos los intentos torticeros de quienes pretenden evitar el cumplimiento de sentencias firmes acudiendo a mecanismos fraudulentos como la falsa protección cultural de infraestructuras hidráulicas obsoletas. Este tipo de estrategias ya han sido desestimadas en casos previos, como el de la presa de Los Toranes en Teruel, donde también se intentó frenar la demolición a través de su inclusión en el inventario patrimonial, siendo finalmente rechazada por las autoridades competentes. Ahora, en el caso de La Retorna, a pesar de que la solicitud de protección cultural autonómica ha sido archivada, se pretende trasladar esta maniobra al Ministerio de Cultura, buscando que desde el Gobierno central se obstaculice la actuación de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este tipo de injerencias no solo suponen una vulneración de competencias, sino una grave irresponsabilidad administrativa.
En línea con esta defensa del interés público y el respeto a la legalidad, nuestra asociación ha remitido recientemente un escrito formal al Ministerio de Cultura solicitando que se rechace cualquier intento de otorgar a la presa de La Retorna una supuesta protección cultural que contradiga el criterio judicial, ambiental y técnico. En dicho documento advertimos de que se estaría vulnerando el principio de primacía del Derecho europeo —al tratarse de una zona Red Natura 2000— y recordamos que, como ya ha señalado la jurisprudencia penal, esta maniobra podría suponer un abuso de competencias y una obstrucción a la labor de la Confederación Hidrográfica del Ebro, encargada de cumplir con la sentencia firme que obliga a la demolición.
Por último, dirigimos un mensaje a José Trigueros, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: desde el inicio de este proceso, han sido diversos los actores sociales que han abogado por la eliminación de la presa de La Retorna. La sociedad demanda la renaturalización de sus entornos y no está dispuesta a asumir costos que pertenecen a una empresa privada que ha explotado un recurso común durante décadas.
La recuperación de los ríos es una prioridad ambiental y económica. La demolición de la presa de La Retorna es un paso necesario hacia una gestión más sostenible y responsable de nuestros recursos hídricos, en beneficio del medioambiente y de la ciudadanía.
En Logroño, 6 de abril de 2025
La resolución del último procedimiento sancionador, recientemente publicada, mantiene la
Consideramos que este proceso pone en evidencia la importancia de que los poderes públicos rindan cuentas ante la ciudadanía, especialmente cuando se trata de organizaciones sociales que trabajamos por la defensa del bien común y la protección del entorno. Acceder a la información ambiental no solo es un derecho recogido en nuestra norma o en acuerdos internacionales, sino también una condición imprescindible para garantizar una democracia sana y participativa. Cada vez que se niega el acceso a la información ambiental disponible consideramos que se puede estar atentando a los principios de transparencia, eficacia y buen gobierno.
Sonia Tercero
